Aquí nos discriminan

Según el CERMI

Las personas y familias que reciben prestaciones de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia no comenten fraude, son víctimas de una pésima gestión de las Administraciones

11/04/2013

Ante las informaciones aparecidas en prensa sobre la recepción de fondos de procedencia estatal por parte de las Comunidades Autónomas para atender a personas en situación de dependencia que habrían fallecido, el CERMI desea aclarar ante la opinión pública que no se trata de fraude o abusos cometidos por personas mayores o con discapacidad o de sus familias, beneficiarias de las prestaciones de la Ley, que se habrían aprovechado indebidamente de las ayudas públicas.

Los desfases que señala el Tribunal de Cuentas en su informe entre los fondos transferidos por el Estado a las Comunidades Autónomas y el número de personas beneficiarias realmente con vida, no son achacables a las mismas, que no han participado en ninguna mala práctica, sino a las Administraciones públicas que intervienen en la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 
La responsabilidad es puramente de las Administraciones y de las graves deficiencias que en materia de información y seguimiento del despliegue de la Ley ha padecido esta desde el comienzo de su aplicación.
 
El CERMI, como representante de la discapacidad organizada, se rebela contra la idea de que la opinión pública se quede con la impresión de que las personas que reciben prestaciones de la Ley comenten fraude generalizado, cuando son víctimas inocentes de la pésima y hasta caótica gestión con la que las distintas Administraciones han desarrollado este sistema de protección social, que ha supuesto una enorme decepción para las legítimas expectativas de contar con apoyos públicos suficientes para atender necesidades básicas de autonomía personal.